Martin Fernandez.

Jurisprudencia de petición agrarias

.SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA, NO COMPRENDE

CUESTIONES DE PERSONALIDAD O REPRESENTACION SUSTITUTA. La

jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la suplencia

de la queja en materia agraria, es uniforme en señalar que la misma es absoluta, sin

restricciones, de modo tal, que cuando uno de los sujetos agrarios a que se refiere el artículo

212 de la Ley de Amparo, solicite el amparo y protección de la Justicia Federal, los Jueces de

Distrito se encuentran obligados no sólo a suplir de oficio los conceptos de violación o los

agravios que en su caso se formulen, sino también a recabar las pruebas que determinen la

existencia del acto reclamado y las autoridades emisoras del mismo, así como las que sean

necesarias para la debida protección de sus derechos; sin embargo, la suplencia de la queja no

puede comprender cuestiones de personalidad y representación sustituta, por tratarse de la

base fundamental del proceso; ello porque, conforme al artículo 107, fracción I de la

Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se

seguirá siempre a petición de parte agraviada. De modo tal que, atento a ese principio rector

del juicio de amparo, si el núcleo de población se considera agraviado o perjudicado por un

acto de autoridad que afecte derechos colectivos, no puede legalmente estimarse procedente

el juicio de amparo promovido por un ejidatario o comunero o un grupo de ellos en contra de

la voluntad expresa del propio núcleo, por faltar un elemento indispensable para la

promoción del juicio de amparo que lo es el agraviado, admitir lo contrario implicaría que el

ejidatario o comunero en particular acudan al juicio de garantías combatiendo actos que

afecten derechos colectivos, contra la voluntad expresa legítimamente representada por el

núcleo de población, por conducto de su Asamblea General de Ejidatarios o Comuneros, en

su caso; de tal forma que de esa regla fundamental, esto es, que en el evento de que el acto de

autoridad afecte derechos colectivos de un núcleo de población, la demanda de amparo debe

ser presentada por el Comisariado Ejidal, acorde con el principio de iniciativa de parte

agraviada. Ahora bien, del contenido de las fracciones I y II del artículo 213 de la Ley de

Amparo se sigue que, los ejidatarios individuales, o un grupo de ellos, carecen de

legitimación para promover el juicio de garantías, cuando el acto reclamado afecte derechos

colectivos; y sólo será procedente la representación sustituta cuando éste no lo hiciera por

ignorancia, torpeza o mala fe, en un término de quince días a partir de la fecha de notificación

del acto reclamado. En este último supuesto, es necesario que los promoventes de la demanda

de amparo se apersonen al juicio de garantías ostentando la representación sustituta prevista

en la fracción II del artículo 213 de la Ley de Amparo y sin esta manifestación expresa, los

promoventes no tendrán legitimación activa para el ejercicio de la acción constitucional, sin

que el Juez de Distrito, en suplencia de la queja autorizada por los artículos 76 bis, fracción

III y 227 de la citada Ley, deba tenerlos oficiosamente como representantes sustitutos del

Comisariado Ejidal, ante la omisión del Comisariado Ejidal de salir en su defensa, por cuanto

que la suplencia de la queja, no debe hacerse extensiva a ese extremo, porque implicaría

desconocer el principio de iniciativa de parte agraviada; además de que sería ilógico dar una

representación que no emerge de la manifestación expresa de los promoventes de la demanda

de amparo.

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